El 11% de las viviendas de Barcelona están vacías, según el Institut d’Estadística de Catalunya. Un total de 88.000 pisos.
Es el resultado de la burbuja inmobiliaria y las ejecuciones hipotecarias, que se han transformado en “la burbuja del alquiler y los desahucios por impago de rentas y el trabajo en precario”.
Catalunya ha registrado más de 110.000 ejecuciones hipotecarias desde el 2008. Según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cada día se desahucian a 43 familias (entre 8 y 10 en Barcelona). Más de dos terceras partes de esos 43 desahuciados son arrendatarios. Es decir, los desalojos por el impago del alquiler han tomado la delantera a las ejecuciones hipotecarias. El cuadro se completa con otros dos datos muy preocupantes.
Los motivos son, por este orden, el paro, la subida de las cuotas y problemas aparejados a divorcios o separaciones. El 10% de las familias no tiene ningún ingreso, aunque en más de la mitad de los casos se trata de hogares compuestos por tres o más miembros. El 7% ingresa entre 400 y 800 euros al mes. El problema se ve agravado por el reducidísimo mercado de pisos de alquiler de Barcelona en comparación con otras ciudades, como Berlín.
Por si fuera poco, desde el 2013 los precios de los alquileres han subido en Catalunya un 7,8%, según el Incasòl, un organismo público que fomenta la edificación de viviendas protegidas. El 48% de las hipotecas analizadas fueron contratadas por bancos rescatados con recursos públicos. Nou Barris y Sant Martí, agrega el informe, acumulan “el 55% de los hogares hipotecados de la ciudad”. La norma es: a más hogares hipotecados, menos renta per cápita.
La solución definitiva, sin embargo, pasa por ampliar el parque público de alquiler social. No se trata de altruismo ni mucho menos de caridad, sino de estricta legalidad. El artículo 73 de la ley 18/2007 preveía que antes del 2027 Barcelona debía destinar el 15% de sus viviendas a políticas sociales. Eso supone que en los próximos 11 años el Ayuntamiento debe movilizar al menos 120.000 pisos para alcanzar la cifra.
Pero el cumplimiento o no de ese objetivo no es exclusivamente una cuestión de legalidad.